El Dr. Eugenio Zaffaroni, Profesor de la Universidad de Buenos Aires y actual miembro de la Corte Suprema de la Nacion Argentina, se encuentra dictando una serie de encuentros y seminarios en la Universidad de Florencia. Derecho penal y reforma del proceso, derecho e impacto de la globalizacion y derecho penal del enemigo han sido los ejes seleccionados por Zaffaroni. Sobre este ultimo tema, es posible realizar una lectura produndizada de su reciente conferencia en:
Division de poderes, Justicia y reclamos: Argentina a treinta anos del golpe
La imagenes del discurso del Presidente de la Argentina en ocasion de los 31 anos del Golpe Militar. Es interesante prestarle particular atencion al delicado juego de poderes, a los reclamos de Justicia por parte de un Poder Ejecutivo que no parece demasiado dispuesto a mantenerse alejado y ajeno a las practicas del Poder Judicial. Pensar a la Justicia entonces como un espacio neutro y ajeno precisamente a los devaneos del Poder parece una peligrosa ilusion, aun cuando la misma es propuesta a partir del reclamo de universales.
"Es decirle a la Justicia Argentina, y el Consejo de la Magistratura se que va a proceder.... "
" Basta, por favor, basta, Juicio castigo, necesitamos que los juicios se aceleren"
"...cual es el compromiso que tienen algunos integrantes de la Justicia, que pasa en aquella Camara de Casacion por dar un ejemplo, en donde estan parados anos juicios que deberian estar en marcha?"
"Quienes son los Fiscales de esa Camara de Casacion? Senores es hora de que todos, desde donde podemos, hagamos todo el esfuerzo, no estamaos invadiendo otro Poder, estamos pidiendo que funcione..."
"No estamos predicando venganza, estamos pidiendo que funcione la Justicia...."
El 22 de marzo el agua celebra su día mundial y por algo será: está señalando un problema y la urgencia por encontrar soluciones globales. El tercer viernes de marzo de celebró en Berna, Suiza, un seminario sobre el tema y el especialista Sergio Ferrari resumió para la agencia ALAI la información que allí se divulgó. Por ejemplo: 1.2 billones de personas no tienen acceso a una cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas a un precio acorde con sus posibilidades financieras. De esos, 100 millones viven en Latinoamérica. Otro dato: todo el problema del agua se solucionaría si se destinara el gasto militar que el mundo consume en solo 5 días.
Radiografía de la infamia
En la actualidad y según cifras de Naciones Unidas, 1.2 billones de personas no tienen acceso a una cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas a un precio acorde a sus posibilidades financieras. De las cuales, casi 100 millones viven en Latinoamérica.
En caso de no tomarse medidas significativas y rápidas, se estima que en el 2015 esa cifra aumentará a 3 billones. Entrando así en contradicción con los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas que pretenden lograr hasta entonces una reducción significativa de la pobreza, incluyendo las limitaciones de acceso al agua potable.
Detrás de esta realidad, una doble constatación. Los enormes intereses de grandes empresas trasnacionales que han multiplicado en los últimos años sus ganancias con las privatizaciones y con el embotellamiento del agua.
Así mismo, la falta de voluntad política. Los 10 mil millones de dólares que permitirían resolver anualmente el problema del agua -y sus consecuencias en enfermedades y muertes prematuras- podrían obtenerse si se destinara a ese objetivo el presupuesto militar mundial de cinco días.
Lo que explica que ONG internacionales que se encontraron en noviembre del 2006 en Marsella, Francia, lanzaron dos reivindicaciones básicas. Que se destine un 1 % del presupuesto militar actual para el mejoramiento de la distribución del agua y los servicios sanitarios. Y que se asegure a cada habitante del planeta 40 litros de agua de calidad, como mínimo, por día.
Tibios pasos adelante
Una mirada hacia atrás permite señalar avances en la reflexión planetaria sobre el agua que se ha convertido en uno de los temas más ampliamente debatidos tanto en las instituciones de las Naciones Unidas como en los foros alternativos.
El informe 2006 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), solicita a los gobiernos que reconozcan el acceso como un derecho humano y que suministren a sus ciudadanos el agua potable para evitar enfermedades.
El 27 de noviembre del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos encargó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas promover un estudio a ser presentado antes de septiembre 2007 sobre "...el acceso equitativo al agua potable...según las leyes internacionales de los derechos humanos..."
A pesar de estos pasos concretos, el acceso al agua potable sigue siendo un inmenso desafío pendiente. Y si de retos futuros se trata, uno de ellos es la necesidad de una Convención Internacional sobre el tema, tal como lo enfatiza Rosemarie Bär, responsable de política de desarrollo de la plataforma de ONG helvéticas.
Si bien esa Convención no resolvería todos los problemas por arte de magia, definiría un nuevo marco institucional planetario. Considerando el derecho al agua como derecho humano fundamental -obligatorio en el plano jurídico- y protegiendo las reservas y su carácter de bien público de la humanidad.
División de "aguas"
La propuesta de una Convención Internacional motiva también a Maude Barlow, presidenta del "Consejo de los Canadienses", co-fundadora del "Proyecto Planeta Azul" y Premio Nobel alternativo que le fue otorgado por su compromiso ecológico.
Para Barlow dicha Convención de las Naciones Unidas serviría de modelo para las constituciones de los diferentes Estados.
"El agua no Coca-Cola", enfatiza la militante social canadiense para diferenciar el concepto de bien público al de mercancía negociable. Y si bien la lucha para asegurar al acceso al agua sigue siendo la parte más importante del movimiento global por la defensa del vital líquido, la Convención se proyecta como una meta dinamizadora que une al movimiento, asegura.
La visión desde Latinoamérica
"El agua es uno de los principales espacios de lucha de América Latina indignada por el proceso de privatización creciente aplicado en todo el planeta" subraya el jurista mexicano Rodrigo Gutiérrez Rivas, quien reivindica el valor de un tratado internacional.
"Son aspectos diferentes de una misma estrategia", reitera el joven investigador de la Universidad Nacional de México (UNAM) y miembro de COMDA, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua.
Quien considera "que el fracaso rotundo de las privatizaciones de empresas de agua" en Latinoamérica y la nueva etapa de construcción democrática que vive ese continente, "le asignan a la movilización por el vital líquido un papel muy importante. Es una reivindicación muy sentida, de cada día, en cada barrio, poblado o comarca..."
Y se refiere a los combates anti - privatizadores en Bolivia y Argentina. A la amplia movilización ciudadana para el reconocimiento en tanto derecho constitucional en Uruguay. A la movilización creciente en México.
Y la experiencia no termina de enriquecerse, sostiene el joven militante azteca. Tal como lo demuestra la actual lucha en La Perota, estado de Guerrero, cerca de Acapulco, contra una represa que inundará 7000 hectáreas.
"Es un combate paradigmático" porque se trata de campesinos amenazados de ser desocupados, sostiene. Que impulsan una estrategia combinada de recursos políticos y jurídicos. Y que reivindica también el agua como derecho fundamental. Lo que "les asegura una cierta protección y reconocimiento. Y en todo caso impide que sean tratados como subversivos y, por lo tanto, criminalizados", señala.
La reflexión sobre el agua multiplica argumentos y enciende pasiones. Numerosos conflictos sociales en América Latina -y en el Sur en general- han explotado en los últimos años a raíz de la privatización de ese preciado bien. La sociedad civil y particularmente los movimientos sociales aceptan el desafío lanzado. Entran en el juego de ideas, toman posición, presionan a gobiernos e instituciones internacionales y profundizan un debate necesario.
Particularmente importante en esta época - 2005 / 2010- marcada por los Objetivos del Milenio y designada por las Naciones Unidas como decenio internacional "El agua como fuente de vida".
Esta nota se ha realizado con la colaboración de E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria
Lançado em 2003 pela editora 7letras, o livro Crianças do Tráfico, de Luke Dowdney, reconstrói, em perspectiva histórica, a especificidade do comércio de droga na cidade do Rio de Janeiro e analisa o envolvimento de crianças e adolescentes com o crime organizado. O perfil das crianças do tráfico é traçado, bem como são identificadas as funções e as formas de recrutamento utilizadas. As taxas de mortalidade de crianças e adolescentes por arma de fogo nos últimos anos na cidade do Rio de Janeiro supera taxas de paises oficialmente em guerra ou em outros tipos de conflitos armados.
Rachel Brett, Representante de Direitos Humanos e Refugiados do Escritório Quaker das Nações Unidas, inicia as primeiras linhas do prefácio afirmando :"Quando Luke Dowdney, do Viva Rio, me descreveu pela primeira vez as crianças em gangues de drogas nas favelas do Rio comparando-as com crianças-soldados, confesso que fui cética. Quando vim a conhecer a natureza, escala e intensidade do problema, aceitei a lógica de que o equivalente mais próximo é de fato a participação de crianças em conflitos armados. Isto é verdade não somente por causa das realidades externas – o fato de crianças utilizarem armas militares e de que os números de mortos e feridos sejam tão altos quanto em muitos dos atuais conflitos armados – como demonstra a pesquisa apresentada nesse livro. As causas por trás e as realidades internas – para as crianças e suas comunidades – também têm muito em comum com o uso de crianças-soldados em situações de guerra".
O livro está disponível em pdf no site oficial da Children in Organized Armed Violence - COAV.
"Bienvenidos a la selva". Interesante ejercicio de la Policia Militar en Rio de Janeiro, filmando y musicalizando su cotidianidad.
"A study published in Brazil concludes that more young people below the age of 18 are killed by guns each year in Rio de Janeiro than in many areas of the world formally at war.The study concludes that there are strong similarities between children involved in drug wars in Rio's slums and child soldiers elsewhere in the world. Many slums in Rio de Janeiro have long been run by drug barons, often with links to local politicians and police.The report details how the gangs employ teenagers to guard their domains.Sometimes they are even given ranks and called soldiers.
The levels of violence are comparable to a war zone. In the last 14 years, for instance, almost 4,000 under-18-year-olds were killed by firearms in Rio alone. That compares, the report says, with just under 500 children killed in the fighting between Palestinians and Israelis in the same period."
"SELA is an annual gathering in the Southern Cone which brings together scholars from Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Spain and the United States. A specific theme is determined for each Seminar. Papers are presented and subsequently analyzed in discussions among the participants. For further information or to view the papers presented at SELA since 1999, please access the Seminar's website by using the links below. The essays have been published by the Universidad de Palermo in Buenos Aires, Argentina."
Ministerio de Justicia de Brasil presenta Publicación sobre Reforma Judicial La edición rescata los acontecimientos que marcaron el proceso de reforma del sistema de justicia de Brasil. Disponible en www.mj.gov.br se encuentra la Publicación Reforma Infraconstitucional del Judicial presentada a fines de enero por el Ministerio de Justicia de Brasil. La publicación, desarrollada por la Secretaria de Reforma Judicial y de Asuntos Legislativos presenta un balance de los proyectos y leyes involucradas en la Reforma judicial que ya entraron en vigencia. La edición rescata los acontecimientos que marcaron el proceso de reforma del sistema de justicia de Brasil, iniciado a partir de la unión de los tres Poderes de la República en 2004 en torno al Pacto de Estado a favor de un Poder Judicial más rápido y republicano. Este pacto establece los principales proyectos y directrices para ampliar el acceso a la justicia y volver al Poder Judicial más rápido y eficiente. Como resultado de este esfuerzo, el Congreso Nacional aprobó en 2006 diez propuestas del pacto que fueron convertidas en leyes, que en su mayoría ya están en vigencia. Entre los cambios de la nueva legislación destaca la simplificación del procedimiento para cumplir sentencias judiciales y para la cobranza de deudas y la reglamentación del uso de informática en actos judiciales. Otra ley importante es que la que permite que los divorcios, separaciones, inventarios y particiones consensuales puedan ser hechas en registros sin la intervención del Poder Judicial.
La decisione della II Corte di Assise della capitale. Il processo si è svolto in Italia perché alcune delle vittime avevano cittadinanza italiana ROMA - Cinque ergastoli per cinque gerarchi militari argentini "per avere, agendo di concerto ed in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato la morte, dopo averne disposto od operato il sequestro, e dopo averli sottoposti a tortura, di Angelamaria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro. Con le aggravanti di aver commesso i fatti con premeditazione, ed adoperando sevizie ed agendo con crudeltà verso le persone". Questa la sentenza con cui la II Corte D'Assise di Roma ha chiuso oggi, nell'aula bunker di Rebibbia, il processo Esma. Non un processo alla Storia ma un processo per tre vittime della Storia.
Il tribunale ha condannato i capi del centro di detenzione clandestina più grande del Paese, allestito nella Scuola meccanica della Marina: il capitano Jorge Eduardo Acosta, comandante del Servizio Informazioni e capo carismatico dell'Esma ("Escuela Superior de Mecanica de La Armada", la scuola superiore dell'esercito), Alfredo Astiz, comandante di uno dei gruppi di sequestratori e torturatori, il capitano Jorge Raúl Vildoza, comandante dell'Esma, il prefetto navale Héctor Febres, responsabile del destino dei bambini nati dalle prigioniere sequestrate in stato di gravidanza e il contrammiraglio Jorge Vañek, comandante delle operazioni navali. Contro di loro, i due figli di Angela Maria Aieta, la moglie di Giovanni Pegoraro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - che si è costituita parte civile nel processo - la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza. E ieri sono arrivate in Argentina anche dichiarazioni di sostegno da parte di Massimo D'Alema e del sottosegretario Franco Danieli che hanno promesso l'impegno del governo per ottenere l'estradizione.
Angela Maria Aieta fu sequestrata nel '76 perché combatteva per i diritti umani e aveva anche la "colpa" di essere madre di Dante Gullo, leader della Gioventù peronista. I militari del Grupo de Tare fecero irruzione in casa sua e la portarono all'Esma. Dopo mesi di prigionia e torture fu gettata da un aereo nell'oceano, in uno dei voli della morte che resero tristemente famosi gli oscuri anni settanta. Un periodo protetto da muri istituzionali che hanno gettato ombre non ancora scomparse: appena tre mesi fa, in Argentina, è sparito un altro testimone chiave nei processi contro la dittatura. A conferma di quanto sia difficile ancora oggi parlare.
Susanna Pegoraro fu sequestrata in un bar di Buenos Aires. Era incinta e aveva 21 anni. Il padre, Giovanni, fu rapito solo perché aveva letto la targa della Ford Falcon che stava portando via la figlia. Dalle testimonianze di ex compagni di prigionia giunti a Roma, Giovanni Pegoraro fu ucciso poco tempo dopo il sequestro. Era uno di quelli che "non serviva". A Susanna, combattente contro la dittatura, fu concesso di vivere. Fino al parto. Dieci giorni dopo, la sua bambina fu presa dalla famiglia di un militare. E' cresciuta senza sapere nulla del suo passato. La mamma di Susanna ha ritrovato la nipotina. Ma la giovane, ora ventinovenne ha deciso di non sottoporsi al test del Dna. E la Corte Suprema argentina le ha riconosciuto il diritto di non sapere. Nel corso del processo, testimonianza dopo testimonianza, è emerso anche il "rumoroso silenzio" dell'Italia e del Vaticano. Tanti sopravvissuti hanno chiesto al nostro Paese un aiuto che non è mai arrivato. Come il figlio maggiore di Angela Maria Aieta, che dopo essere riuscito ad arrivare, in modo rocambolesco, al Parlamento italiano è stato fatto sparire. O come le lettere dei vescovi argentini inviate a Roma. Si dovette aspettare il 29 settembre del '79 per sentire pronunciare, da papa Woityla, la parola desaparecidos.
Attraverso le parole dei sopravvissuti, tutti ex internati nel campo di concentramento, la Corte, udienza dopo udienza, è giunta a identificare il "Grupo de Tarea 3.3.2" articolato in tre settori: "intelligence", con il compito di estorcere con la tortura dichiarazioni ai prigionieri, "operativo" per eseguire i sequestri illegali e "logistico", per appropriarsi dei beni mobili ed immobili dei sequestrati. All'interno di questa organizzazione, il pm Francesco Caporale non ha potuto dimostrare il ruolo di Vanek nei tre omicidi, ma l'ergastolo è arrivato a sorpresa anche per lui, per l'evidenza dei reati commessi nell'Esma. La sentenza di oggi è l'ottava, in tutto il mondo. Ma le persone internate all'Esma furono più di cinquemila. Ne sono uscite solo trecento. Dal ritorno della democrazia, l'Argentina ha vissuto vent'anni di amnistie che hanno cancellato le condanne decise nell'85 e nell'86 dai magistrati del Paese. Da poco tempo sono state riaperte le udienze. I familiari delle vittime sperano che la sentenza di Roma, in questo particolare momento storico, possa avere risvolti oltreoceano, rimbalzando domani sulla stampa argentina. Così come è accaduto ieri con l'impegno dichiarato da Massimo D'Alema per l'estradizione. . "Oggi - ha commentato il sottosegretario agli esteri Franco Danieli - si è compiuto un atto di doverosa giustizia nei confronti dei 30 mila giovani uccisi e dei loro familiari. Un'affermazione del diritto che premia l'impegno delle Madres e delle Abuelas, ma anche quello del governo Kirchner e delle autorità argentine".
"O simplismo e o imediatismo das propostas de redução da maioridade penal não respondem aos complexos desafios da realidade brasileira. Romper com a culturada banalização da morte requer que se rompa coma cultura da banalização da vida. A cruel morte de JoãoHélio, no Rio de Janeiro, acentuou os sentimentos de indignação, desespero e medo em face da violência epidêmica e da profunda crise da segurança pública. É neste cenário de justificada comoção social que ressurge o debate sobre as propostas de redução da maioridade penal no Senado Federal. Dessas propostas, quatro reduzem a maioridade penal de 18 para16 anos; uma reduz para13 anos, em caso de crimes hediondos; e outra determina a condenação penal "quando o menor apresentar idade psicológica igual ou superior a18 anos".Reduzir a idade penal, com o fim de manter adolescentes na prisão, seria uma resposta eficaz a este alarmante quadro? Como enfrentar a complexa situação do adolescente em conflito com a lei? Medidas preventivas e repressivas mostram-se necessárias ao adequado enfrentamento do problema. De um lado, no campo preventivo, destaca-se o desafio de criar alternativas ao crime, à sedução do tráfico e da violência, por meio de eficientes e criativos programas de inclusão social que permitam valorizar e resignificar a vidados adolescentes, sobretudo daqueles que sofrem com as condições mais vulneráveis da miséria e da exclusão. A banalização da morte é o reflexo da banalização da vida, que nega o direito à esperança a um contingente de jovens brasileiros. Neste sentido, são fundamentais a identificação e ampliação de práticas e políticas exitosas especialmente endereçadas à juventude urbana.No campo repressivo, estudos comprovam à exaustão que de nada adiantao endurecimento da legislação penal se persistir no imaginário social a cultura da impunidade. Isto é, a repressão penal deve deixar de ser seletiva à determinada classe social, coma garantia de que autores de crimes de toda natureza sejam punidos. Contudo, se a pena deve ter um caráter retributivo e ressocializador, constata-se que o sistema carcerário brasileiro não satisfaz qualquer destas finalidades. Este sistema, por vezes sob o controle do crime organizado – de quem o Estado se torna refém –, só tem acentuado a violência ebrutalizado os detentos. Como observou Nigel Rodley, então relator especial da ONU sobre o tema da Tortura, em visita oficial ao Brasil, não é razoável tratar ospresos como animais, para posteriormente devolvê-los à sociedade com a pretensão de terem se transformado em"pessoas reintegradas e civilizadas". Tal sistemática não constitui uma medida de combate à criminalidade, mas, ao revés, constitui medida de estímulo à criminalidade. O indíce de reincidência, em torno de 80%, atesta a absoluta falência de qual quer dimensão ressocializadora do modelo carceráriobrasileiro. Segundo estimativas, eventual aprovação da proposta de redução da maioridade ainda agravaria o déficit nas prisões, que passariam a ter, em média,11.000 presos a mais (somados ao universo de 140.000 vagas faltantes). À absoluta ineficácia das propostasde redução da maioridade penal, some-se a sua flagrante inconstitucionalidade. Isto porque aConstituição de 1988 realça a absoluta prioridade a ser conferida aos direitos da criança e do adolescente, dentre eles, os direitos à vida,à saúde, à educação, àdignidade, ao respeito e à liberdade. Para a Carta de1988, o direito à proteção especial de crianças e adolescentes compreende "a obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa daliberdade". Este direito à proteção especial implica no direito à inimputalibidade penal dos menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. Tal legislação é o Estatuto da Criança e do Adolescente,que, por sua vez, dedica um longo capítulo às medidas socioeducativas a serem aplicadas quando da prática de ato infracional. A redução damaioridade penal pervertea racionalidade e principiologia constitucional, na medida em que abole o tratamento constitucionalespecial conferido aos adolescentes, inspirada naótica exclusivamente repressiva, que esvazia de sentido a ótica da responsabilidade, fundada nas medidas socioeducativas. Com isto, a perspectiva sociojurídica de exclusão (repressiva e punitiva, de isolamento) vem a aniquilar a perspectiva de inclusão(protetiva e socioeducativa, dereinserção social).Atente-se que a Constituição assegura, dentre as cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais. Ao petrificar direitos e garantias,a Constituição proíbe qualquer proposta de emenda tendente a reduzir e limitar o alcance dos direitos e garantias constitucionalmente previstos, dentre eles o direito à inimputabilidade penal dos menoresde dezoito anos. Além de violar cláusula pétrea constitucional, a proposta afronta parâmetros internacionais de proteçãodos direitos humanos, que o Estado Brasileiro se comprometeu a cumprir, como a Convenção sobre osDireitos da Criança – que, de igual modo, prevê a excepcionalidade e abrevidade das medidas privativas de liberdade aplicáveis a adolescentes, bem como a exigência de tratamento pautado pela reintegração e desempenho construtivo na sociedade, quando da práticade ato infracional.O simplismo e o imediatismo das propostas de redução da maioridade penal não respondema os complexos desafios da realidade brasileira. Rompercom a cultura da banalização da morte requer,sobretudo, que se rompa com a cultura da banalizaçãoda vida".
ANDHEP - Associação Nacional de Direitos Humanos -Pesquisa e Pós- Graduação.
