..."un viaggio all'interno della selva colombiana per riprendere la storia dell'entrata e dell'addestramento di una giovane ragazza nelle FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia). Si tratta di "Guerrilla Girl", documentario prodotto dalla Zentropa, la casa cinematografica di Lars Von Trier, presentato alla fine del 2005 in Danimarca."
"Historia de una joven que se une a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo rebelde más grande de Colombia. Con un acceso sin precedentes, el director danés Frank Piasecki Poulsen sigue el curso de formación de los futuros soldados de la guerrilla, describiendo la transformación de una joven de clase media de ciudad teniéndose que adaptar al estricto entrenamiento militar, a la ideología marxista y a unas condiciones de vida primitivas. Desde las profundidades de la selva colombiana, conseguimos la primera minuciosa mirada cinemática a la vida, a los problemas y tribulaciones de los jóvenes hombres y mujeres que son conducidos hacia un ciclo de vida peligroso y de estrecha ideología."
ELIGIENDO LA GUERRA SEPULTAMOS LA POLÍTICA Jairo Agudelo Taborda Cartagena, 02.07.07
No hay duda de que el hecho trágico que acabamos de vivir los colombianos con la muerte de los Once diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca tenidos en secuestro por las Farc desde hace cinco años se tipifica por lo menos como crimen de guerra según el coma viii) del artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) relativo a la prohibición de toma de rehenes. Pero este delito no se tipifica como tal por el hecho de que hayan sido asesinados sino por el hecho mismo de ser civiles secuestrados. Lo que significa que esto vale para todos los civiles secuestrados en poder de todos los actores armados que participan en el conflicto interno colombiano. Ahora bien, Colombia ratificó el Estatuto de la CPI en el 2002 excluyendo de su jurisdicción por 7 años la competencia de la CPI para procesar individuos responsables por crímenes de guerra según su art. 124. O sea que esta reserva rige hasta el 2009. Pero el mismo Estatuto en su artículo 7 tipifica también el secuestro de civiles como crimen de lesa humanidad al tratarse de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional (art. 7, e); y lo es también la muerte de los secuestrados como asesinato de civiles (art. 7,a). Así que por su acción complementaria, si el Estado colombiano no procesa a los responsables, porque no puede o porque no quiere, la CPI podría y debería intervenir contra los miembros del secretariado de las Farc en este caso no en cuanto crimen de guerra (excluido por Colombia hasta el 2009) sino en cuanto crimen de lesa humanidad en absoluto vigor para Colombia. Ahora bien, el Estatuto de la CPI hace parte del acerbo de normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) llamado el derecho en la guerra (Ius in bello). No se trata del derecho a la guerra pues el derecho a la guerra ya no existe sino que al contrario la guerra está prohibida según el art. 2,4 de la Carta Onu de 1945 y de ello se ocupa el derecho internacional general. La guerra se admite en el derecho internacional sólo por legítima defensa o cuando (en extrema ratio) un pueblo lucha por su liberación bajo dictadura o tiranía (no es el caso colombiano). El DIH no pretende resolver el conflicto armado, no juzga si la guerra es justa o no, ni quién tiene la razón en el conflicto pues de ello se ocupa la Onu mediante el derecho internacional general y el de los derechos humanos. El DIH busca deshumanizar la guerra en cuanto sea posible deshumanizarla. O sea que busca la reducción del daño. Es decir que cuando la guerra se adopta como medio para resolver un conflicto; cuando ya se está verificando ese daño llamado guerra, el DIH establece y aplica unas reglas para que ese daño sea lo menos grave posible. O sea que el DIH intenta salvar el último residuo de humanidad que nos queda ante la tragedia llamada guerra. Lo cual significa que aplicar y respetar el DIH por parte de los combatientes (legales e ilegales) es ser lo minimamente humanos. Esto, a su vez, significa que no aplicarlo, no obstante todas las posibilidades que la ética, la política y el derecho le dan a las partes en conflicto, significa querer ser absurda y persistentemente inhumanos. Y esto vale para todas las partes en guerra. En el caso colombiano vale para guerrillas, paramilitares y ejército regular. Lastimosamente en Colombia, ninguno de estos actores del conflicto aplica o respeta el DIH. En el caso concreto de la muerte de los diputados secuestrados es claro que los directos responsables, Farc, no respetan el DIH por secuestrar civiles no combatientes y presumiblemente por asesinarlos. Pero tampoco el gobierno y mucho menos su ejército respeta y aplica el DIH. De hecho, Colombia ha ratificado los Convenios de Ginebra incluyendo el Segundo Protocolo relativo a los conflictos internos no internacionales. Sin embargo, una de las normas fundamentales del DIH es la neta distinción entre combatientes y no combatientes. Pues bien, este gobierno ha violado esta distinción enrolando y armando campesinos colaboradores exponiendo ulteriormente la población civil a ser objetivo militar de las partes adversas. Pero volviendo al caso trágico de los Once, todo el DIH asume como tema transversal la necesidad y obligatoriedad para las partes en conflictos de estipular Acuerdos humanitarios para: atender a los prisioneros enfermos o heridos, propiciar información para los familiares de prisioneros enfermos y heridos, intercambiar prisioneros, permitir la acción de Comisiones de encuesta previamente concordadas por las partes. Ahora bien, en conflictos tan polarizados y degenerados como el colombiano esta norma se vuelve no una prerrogativa sino un imperativo categórico. Que las Farc no lo promuevan o lo instrumentalicen elevando los términos de negociación como hace con el tema del despeje (desmilitarización) de Florida y Pradera es aberrante y se confirman así al margen de la Ley. Pero que el Gobierno y las instituciones enmarcadas en la Ley y representantes de la voluntad del pueblo que clama en su mayoría por el Acuerdo humanitario no propicie ni aplique esta norma es execrable. Precisamente por ser expresión de las instituciones legales se espera que el Estado sea el primero en aplicar la Ley nacional y las Leyes internacionales a las cuales se ha vinculado voluntariamente ratificando sus Convenios. En el caso de los Once, el Estado (este gobierno) tuvo cinco años para negociar un Acuerdo previsto por el DIH para la devolución de los secuestrados con vida. No pudo o no quiso. Ahora tiene que negociar un Acuerdo para la devolución de sus cadáveres. Esta es la más triste y fehaciente prueba de que elegir la guerra es sepultar la política. El Estado colombiano lleva medio siglo negando lo que la historia debió haberle enseñado. Es decir, que todos los conflictos, sobre todo internos, se han resuelto con la negociación política. Muy cerca de casa, Centroamérica, debió haber enseñado. Pero en Colombia, sólo una vez se le dio estratégicamente la oportunidad a la política (Pastrana 2000) y porque fracasó no se volvió a intentar, no se le dio una segunda oportunidad a la política como medio para alcanzar la paz. Para las partes, el despeje se convirtió en el pretexto para no negociar. En cambio, a la pretendida solución militar se le sigue dando todas las oportunidades que la ceguera permite y que la pasividad del pueblo colombiano tolera, a pesar de que no haya obtenido resultados positivos sino una impresionante cifra de muertos, desplazados internos y refugiados fuera del país. Los colombianos usamos un término para autodefinirnos: berracos. Dizque somos berracos y frenteros. Sin embargo, con un mínimo examen nos damos cuenta que somos berracos y frenteros si estamos armados. No somos capaces de conseguir lo que otros pueblos consiguen sin armas como nuestro vecino Ecuador. No somos capaces de organizarnos y movilizarnos masivamente con impacto político. Estamos divididos por género, por etnias por clases sociales por partidos políticos (si se pueden llamar así). Sólo nuestros indígenas nos dan lecciones del uso de la inteligencia pacífica. Eso sí es política. La cultura del berraquismo y del frenterismo pa las que sea ha alimentado la violencia que ha cultivado la guerra y sepultado la política. Curiosamente esos mismos adjetivos son los que se le atribuyen al actual Presidente como excelsas virtudes y, en buena parte, explican su alto índice de popularidad a pesar de la situación del país En Colombia surgió un conflicto sociopolítico hace muchos años y eso es normal en las sociedades del mundo. Pero ante las opciones de solución pacífica o armada se eligió la segunda perdiendo así la primera ocasión y eso es menos normal en las sociedades del mundo. Se optó por asesinar a quien no fuera conservador o liberal. Quien no lo era se tuvo que armar primero en las montañas y luego también en las ciudades. Y eso es aun menos normal en las sociedades del mundo civilizado. Por mucho tiempo el conflicto tuvo un matiz prevalentemente socio-político con un componente militar (conflicto armado) secundario pero entonces necesario. Esa buena dosis de matiz político permitía un buen margen de maniobra negociada que no se dio sino en eventos muy esporádicos pero nunca como estrategia política de Estado. Luego el conflicto fue perdiendo su matiz sociopolítico potenciando su variable puramente militar. La máxima degeneración del conflicto llegó con el componente económico ilegal del narcotráfico que polarizó su dimensión militar ya no finalizada esta a llegar al poder por parte de unos y a conservarlo por parte de otros sino a controlar el territorio para enriquecerse con el narco-negocio. Entró en escena el narco-paramilitarismo con su vocación masacradora y expropiadora. El Estado fue perdiendo margen de maniobra y de negociación mientras se degeneraba el conflicto. En muchos casos el Estado se alió con el narco-paramilitarismo contra las guerrillas y en otros muchos delegó en ellos el monopolio del uso de la fuerza que los colombianos le concedimos como Estado de derecho. Sin embargo, al Estado aun le queda un residuo por jugarse y lo debe, lo tiene que aprovechar: negociar, negociar y negociar. Mientras quede una migaja de bandera política (falsa o cierta que sea) o ideológica por parte de las guerrillas, hay que aprovecharla en aras de la negociación hacia la paz. A mayor razón cuando se está negociando con los paramilitares que no han sido movimientos de sedición política. Con el Eln se adelanta una negociación política y él mismo acaba de convocar desde Cuba a todas las partes en conflicto para que se busque una salida política a un conflicto que aun es socio-político. Algo semejante se puede hacer con las Farc iniciando con el Acuerdo humanitario como instrumento para generar confianza. El Acuerdo humanitario no debilita militarmente a ninguna de las partes. No es una estrategia militar. No. Es lo minimamente humano en una guerra. Por eso se llama humanitario. Salvando ese residuo humano salvamos el residual rol de la política en este conflicto. Pero el problema de fondo es otro. Cuál solución para cuál conflicto? Este gobierno no reconoce el conflicto. Claro, si la lógica es lógica: no se resuelve un problema que no existe. Mi Profesor de Álgebra, Luis Adriano Diaz, me decía que los problemas se llaman así porque tienen solución, pero para ello lo primero por hacer es identificar, conocer y reconocer ese problema. Nuestro gobierno tal vez identifica, seguramente conoce pero no reconoce el problema y por eso no lo resuelve. Los problemas que se identifican, se conocen y se reconocen, se resuelven con la razón. A los que se identifican y conocen pero no se reconocen se les pretende ignorar o resolver con la fuerza. Así llevamos medio siglo (y sobre todo un lustro) usando la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón que se traduciría en pactos, contratos, negociaciones y acuerdos dentro de un marco jurídico. Y a ello se le llama política. No reconociendo el conflicto hoy recibimos Once cadáveres que representan la muerte de la política. El gobierno le pide con vehemencia a la Comunidad internacional que le ayude a recuperar los cuerpos sin vida pero obstaculizó siempre la acción internacional para recuperarlos con vida mediante una negociación al negar la existencia del conflicto. Discrepó siempre con las Naciones Unidas en Colombia. Sólo en algunos esporádicos casos, más coyunturales que estructurales, el Gobierno se apeló a la Comunidad internacional y sólo por la vía bilateral en estos 5 años. Por ejemplo, El Plan Colombia-Usa y recientemente con la Francia de Sarkozy aprovechando la coyuntura del G-8. Claro, no siendo estructural no pudo ser estratégico y terminó concediendo lo que nadie le pedía (ni el pueblo colombiano ni las Farc): la liberación de Granda y de un paquete de guerrilleros; sin propiciar en cambio lo que los colombianos pedimos (acuerdo humanitario) o lo que las Farc piden para negociar (un despejito). La razón de Estado aducida por el Gobierno para su concesión non petita fue: me lo pidió el Presidente Sarkozy. Esto en política internacional se llama bilateralismo supino o unilateralismo atávico. Este gobierno ha desdeñado el multilateralismo en sus relaciones internacionales. Ha preferido los Tratados de libre comercio bilaterales con USA debilitando a la CAN. No ha reconocido las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Bogotá. No reconociendo estas recomendaciones no ha cumplido el principio de condicionalidad política de la Unión Europea para su cooperación internacional. Ahora, ante la tragedia anunciada, el gobierno se dirige a esa misma comunidad internacional esta vez invocando su canal multilateral: CICR, OEA, ONU, UE, Países amigos (Francia, Suiza y España). Pero la Comunidad internacional se mueve dentro del marco del derecho internacional compuesto por normas y procedimientos. Es decir en un marco jurídico y político donde no debe prevalecer el derecho de la fuerza sino la fuerza del derecho y de la política (diplomacia). Por tal razón la Comunidad internacional responde proponiendo una Comisión de encuesta que debe ser aceptada por las partes: gobierno y Farc. Naturalmente, el gobierno la rechaza porque aceptarla sería reconocer, política y jurídicamente, la existencia del conflicto que se ha empecinado en negar. No hay espacio para la comunidad internacional. O sea que en Colombia asistimos a la sepultura no sólo de los Once (y muchos más) sino también de la política nacional y de la política internacional. Hemos elegido y re-elegido la guerra. Hemos elegido y re-elegido la Seguridad democrática y no la Democracia segura. Pero la democracia debe ser sustantiva y no adjetiva. La seguridad debe ser funcional a la democracia y no viceversa. Lo militar es funcional a lo político y no viceversa. Pero aun nos queda un penalti para salvar a la política y para salvar a los secuestrados que siguen en manos de las Farc. Hay que anotar este penalti. Que la razón comande a los pies y no siga siendo viceversa.
El Parlamento del Mercosur tiene seis meses y aún no existe
«dH«Dubo algunos chispazos en la cumbre presidencial del Mercosur del viernes, pero en el Parlamento del Mercosur -que se reunió tres días antes- ni siquiera eso: a seis meses de su creación, y con dos "sesiones" en su haber, el cuerpo (que se supone representa a "los pueblos" de los países) prácticamente no existe.
En la sesión de la semana pasada en Montevideo no hubo acuerdos ni quórum necesarios para aprobar un simple reglamento, y tampoco hay proyectos a debatir porque no hay dónde ni cómo presentarlos. Obviamente, no hay comisiones de trabajo. Tampoco una estructura, que debería ser cubierta con cargos ganados por concurso según el protocolo por el que fue creado. La Secretaría parlamentaria tiene una dirección de mail, pero ni siquiera respondieron el pedido de información mínima que hizo Clarín.
Lo único que hubo el martes pasado fue una declaración de respaldo a los planteos argentinos por las Islas Malvinas, con moción de aplauso y todo, que fue presentada por los argentinos. Y otra de apoyo a la posición regional en la ronda comercial de Doha, presentada por Brasil. Sólo declaraciones diplomáticas, ningún proyecto concreto. La sesión terminó abruptamente porque se levantó la delegación argentina (el argumento fue que perdían el avión de regreso), justo cuando se iba a debatir una moción de los blancos uruguayos contra el quite de licencia a RCTV, un canal de TV privado de Venezuela que -dicho sea de paso- no es aún socio pleno del Mercosur.
Pero nada se dijo acerca de los "grandes temas" que se debatirían, según se anunciaba cuando se planteó el Parlamento: facilitar la libre circulación de personas, bienes y servicios por todos los países, o la homologación de títulos para que los ingenieros argentinos puedan ejercer su profesión en Brasil, por ejemplo. O que haya mensajes políticos de resolución conjunta de controversias, para temas energéticos y medioambientales de la región. O que las patentes de los autos tengan una denominación común. O que se discuta una defensa del acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo que está bajo la tierra de los cuatro países.
El Parlasur fue ideado como un paso adelante en el Mercosur, para que deje de ser sólo un acuerdo comercial entre países y se convierta en integración regional. Se intentó seguir el camino de la ahora poderosa Unión Europea, que en menos de 50 años pasó de la dispersión total a una unidad regional casi sin fronteras y con moneda común. Un verdadero bloque.
El camino sería paso a paso, pero no tan lento como se ve hasta ahora. El Parlamento fue creado en diciembre sólo como formalidad. Después hubo dos sesiones, el 7 de mayo y el 25 de junio. Y se supone que habrá una sesión por mes, es decir apenas ocho en todo el año.
En 2010, todos los diputados al Parlasur deberían ser elegidos en cada país, como sucede en la UE. Por ahora, son 18 parlamentarios de cada país, designados por los congresos de acuerdo a la proporcionalidad interna. Por ejemplo, aún debe discutirse cuántos legisladores enviará cada nación, de acuerdo a su población pero evitando a la vez que uno solo tenga más que los otros juntos.
La responsabilidad del camino errático iniciado es de los legisladores que cada país envió: por ejemplo, la semana pasada hubo sólo cuatro paraguayos (deberían ser 18) y ninguna de las delegaciones estuvo completa excepto la de los locales. Cada legislador tiene un suplente que debería ir en su lugar, pero tampoco se usa esta posibilidad.
El Parlamento del Mercosur nació con las mejores intenciones, pero hasta ahora es una cáscara vacía que alguien debería llenar.
