8/19/2006

La despenalizacion del aborto en Argentina

CASO L.M.R.
LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN ARGENTINA

Martín Hevia
Toronto University, Universidad Torcuato Di Tella

martin.hevia@utoronto.ca


El gobierno argentino no termina de animarse a apoyar la despenalización del aborto.
Una decisión judicial que permitió abortar a una mujer discapacitada que había sido violada encendió nuevamente la discusión sobre la despenalización del aborto en Argentina. En la primera y en la segunda instancias judiciales, se determinó que no debía autorizarse la intervención abortiva. En la tercera instancia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en cambio, autorizó a que el aborto se realizara. Finalmente, y a pesar de esta decisión judicial favorable a la intervención, un comité de ética del Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata, el hospital en donde la interevención iba a tener lugar, determinó que la intervención no podía realizarse porque el embarazo estaba en una etapa tal que resultaba casi imposible interrumpirlo artificialmente. El caso generó reacciones encontradas en la opinión pública.
Hace no muchos meses atrás, el Ministro de Justicia presentó un proyecto de reformas al Código Penal que permite el aborto hasta el tercer mes de embarazo. Sin embargo, cuando a diferentes integrantes del gobierno se les preguntaba por el proyecto y por la posibilidad de despenalizar el aborto, respondían diciendo que el objetivo del proyecto era fomentar un debate sobre el tema. Además, agregaban que la posición del gobierno era clara: el gobierno argentino se opone al aborto. En este escenario, en primer lugar, no es del todo claro por qué, si el gobierno se opone al aborto, promueve un proyecto para despenalizarlo. La legislación actual permite abortar en casos de violación a una mujer "demente o idiota". El proyecto del gobierno permitiría abortar en todos los casos hasta el tercer mes de embarazo pero con autorización médica.
En segundo lugar, si la supuesta oposición del gobierno y de tantos otros argentinos a la despenalización del aborto se basa en la idea de que el aborto implica terminar con una vida, ¿tiene sentido sostener que la vida del feto que es fruto de una violación vale menos que la de cualquier otro? ¿Por qué aquellos que aceptan el aborto en los casos de violación no lo aceptan para el resto de los casos? ¿Vale menos la vida en los otros casos? ¿No hay cierta inconsistencia -obvia- en el modo en que se presenta esta postura?
Finalmente, lo que llama la atención es cómo ni en los medios de comunicación ni en otras esferas se hace referencia al derecho de la mujer de disponer libremente de su propio cuerpo. Parecería que quienes están más afectadas por la penalización no tienen ni voz ni voto en el asunto. En el debate público en Argentina nadie hace referencia ni (a) al derecho a la vida, a la integridad y a la salud mental y física de la mujer; (b) al derecho a la dignidad, autonomía reproductiva y desarrollo libre de la personalidad -como si la mujer embarazada, por el mero hecho de estarlo, esté obligada a aceptar un plan de vida que no necesariamente acepta.

8/05/2006

Argentina: la primera condena luego de la anulacion de las leyes del perdon

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-71002-2006-08-05.html

LA PRIMERA CONDENA A UN REPRESOR DESPUES DE LA ANULACION DE LAS LEYES DE IMPUNIDAD

“Se está empezando a hacer justicia”

Julio Simón, torturador del centro clandestino El Olimpo, fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro y las torturas de José Poblete y Gertrudis Hlaczik. También fue considerado responsable del ocultamiento de la hija del matrimonio.


Por Victoria Ginzberg

El represor Julio Simón, conocido por sus víctimas como “El Turco Julián”, fue condenado ayer a 25 años de prisión. El ex suboficial de la Policía Federal fue considerado culpable del secuestro de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, así como de las torturas a las que ambos fueron sometidos en el centro clandestino de detención El Olimpo y del ocultamiento de su hija, que fue recuperada en 2000. Fue la primera sentencia después de más de 20 años de impunidad, iniciados con la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. “Se está haciendo justicia, ahora es por mi hijo y mi nuera. Pero no es sólo por ellos, es por los 30 mil desaparecidos. Para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo Buscarita Roa, mamá de José Poblete, después de conocer el fallo. “Cuando se comienza a hacer justicia, hay oportunidad de hacer un país más digno para las nuevas generaciones”, completó Fernando Navarro, hermano de José.

Buscarita estaba sentada en la primera fila de la sala de audiencias, un amplio y moderno salón alfombrado y de cortinas rosadas construido para el juicio por el atentado a la AMIA. Mientras esperaba que entraran los jueces, pensaba en su hijo José, un técnico tornero chileno que perdió sus piernas en un accidente ferroviario. José fue fundador del Frente de Lisiados Peronistas e integró la Unión Nacional Socio-Económica del Lisiado (Unsel) y “Cristianos para la Liberación”. Desapareció el 28 de noviembre de 1978. Ese mismo día, un grupo de hombres con uniformes de la policía de la provincia de Buenos Aires secuestró a Gertrudis Hlaczik y a su beba Claudia Victoria. Los tres fueron llevados a El Olimpo, donde hasta hace pocos meses había una planta de verificación de autos de la Policía Federal. Allí operaba una patota de la que El Turco Julián era una de las caras visibles.

Los recuerdos de Buscarita se interrumpieron cuando se abrió una puerta sobre el costado izquierdo de la sala. Un miembro del Servicio Penitenciario le dio paso a Simón. El acusado entró esposado y con el pulóver azul que llevó a todas las audiencias, aunque esta vez también tenía un chaleco negro. “Abrigate que se te viene la noche”, le gritó una mujer desde el pullman, donde estaban ubicados los periodistas y algunos miembros de organismos de derechos humanos, además de la plana mayor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, incluidos Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Mattarollo. Los funcionarios del área de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Binstock, y de la ciudad de Buenos Aires, María José Guembe también estuvieron en la audiencia.

Finalmente entraron a la sala los jueces Luis Di Renzi, Guillermo Andrés Gordo y Ricardo Luis Farías. Sólo habló el primero, el presidente del tribunal, que leyó la parte dispositiva de la sentencia (los fundamentos se difundirán el viernes próximo). Así, informó que el tribunal había decidido condenar a Julio Héctor Simón a 25 años de prisión. La noticia provocó aplausos entre los que habían ido a escuchar el fallo. Si bien los abogados querellantes –Carolina Varsky y Santiago Felgueras, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Alcira Ríos, por la familia Poblete– habían pedido 50 años, los jueces aplicaron el máximo de la pena según la ley más benigna.

Di Renzi, Gordo y Farías consideraron a Simón coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad –de Poblete y Hlaczik– doblemente agravada por haber sido funcionario público y porque el hecho duró más de un mes. También lo culparon de “imposición de tormentos agravados por ejecutarse en perjuicio de perseguidos políticos” y por el “ocultamiento” de Claudia Victoria, la hija del matrimonio Poblete, aunque no por su secuestro. Además, le impusieron una inhabilitación absoluta y perpetua y dispusieron que se averiguara si los delitos denunciados durante las audiencias estaban siendo investigados.

Es que a lo largo del juicio los testigos relataron las torturas que a las que fueron sometidos los Poblete, pero no sólo por obra del Turco Julián.Además, los sobrevivientes de El Olimpo contaron los padecimientos que ellos mismos y otros desaparecidos sufrieron allí. Estos hechos están a cargo del juez federal Daniel Rafecas en la causa del Primer Cuerpo de Ejército, que incluye los centros clandestinos en los que operó Simón.

“Este juicio ha concluido”, dijo Di Renzi y Simón estiró sus manos para que el mismo agente penitenciario que lo había escoltado a la entrada le colocara las esposas y se lo llevara por la puerta lateral de regreso a la cárcel de Marcos Paz. No hizo ningún otro gesto.

Miembros de organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo de línea fundadora, Abuelas, abogados y funcionarios estaban satisfechos. Hubo lágrimas y sonrisas.

“Es el comienzo de una condena, faltan muchas. No es sólo por esta parejita y esta niña que ahora es libre, es por los 30 mil desaparecidos”, dijo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, destacó el hecho de que se tratara de la primera sentencia después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. De hecho, esta es la misma causa en la que el juez Gabriel Cavallo –que también estaba en la sala– declaró a pedido del CELS la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y abrió el camino para que los represores volvieran a prisión. Con la anulación de esas normas por el Congreso y la ratificación del fallo de Cavallo por la Cámara Federal y la Corte Suprema, el terreno quedó totalmente allanado. Pero aunque actualmente hay más de 200 represores presos, la mayoría sólo está procesada, únicamente algunos responsables de secuestrar o apropiar hijos de desaparecidos (y el agente chileno Arancibia Clavel) fueron condenados después del juicio a los ex Comandantes.

El sentimiento de haber dado este primer paso se mezcló con la tristeza del recuerdo de Gertrudis y José torturados. De las burlas de los represores, que llamaban “Cortito” a José. De Gertrudis desnuda arrastrada de los pelos por algún miembro de la patota. De la silla de ruedas de José tirada en un rincón de la playa de estacionamiento de El Olimpo después de un “traslado”.

Por la mañana, El Turco Julián tuvo su última oportunidad de hablar, pero la rechazó. No se defendió, pero tampoco reveló cuál fue el destino de José y Gertrudis, algo que su familia todavía quiere saber. La única explicación suya que se conoció durante el juicio llegó a través de una vieja entrevista televisiva que se proyectó el día que comenzó el proceso. “El criterio general era matar a todo el mundo”, admitió cuando creía que la impunidad era eterna.