7/10/2006

Hiperinflacion (de facultades)


Federico Maldonado Arroyo

Universidad de Buenos Aires

fedemaldonadoarroyo@hotmail.com


La imagen positiva del Presidente argentino, Néstor Kirchner, se fue incrementando notablemente año tras año de su gobierno. Fue votado por poco más del 20% de los argentinos en el año 2003, sin embargo hoy en día tiene un altísimo índice de popularidad, rayano al 80%, convirtiéndose en el Presidente latinoamericano con mayor aprobación popular.
Este alto índice de aprobación se ha traducido en las elecciones legisladores del 2005 en una rotunda victoria del oficialismo, que le ha permitido contar con mayoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional. A partir de este logro electoral, los últimos tramos del gobierno de Néstor Kirchner están atravesados por una constante: la adopción de medidas políticas destinadas a institucionalizar reformas políticas para concentrar las facultades en el Poder Ejecutivo.
Cuando todos los argentinos vivíamos obnuvilados por una selección que destellaba chispazos de buen fútbol, el Poder Ejecutivo presentaba al Congreso un proyecto de ley para otorgarle facultades presupuestarias permanentes al Jefe de Gabinete, funcionario elegido por el propio Presidente de la Nación.
No quiero detenerme en cuestiones técnicas y menos en un tema complejo y poco cautivante como el presupuesto nacional. Tampoco quiero adentrarme en las clásicas y remanidas discusiones jurídicas respecto a la constitucionalidad de esta medida. Puede ser que sea inconstitucional, pero eso me haría centrar la discusión en términos como “administración”, “delegación”, “aprobación” y demás conceptos jurídicos que permiten que nosotros, los abogados, como hábiles prestidigitadores de palabras podamos mantener discusiones estrechas y reiterativas.
Por ello, creo que hay que simplificar la discusión, dejarse de discutir en palabras y pensar políticamente estas medidas. En primer lugar, todos convendríamos que sería deseable que la decisión presupuestaria, es decir, cómo se va a gastar el dinero obtenido principalmente de los impuestos sea determinado por el Congreso, ya que allí supuestamente están representados todos los intereses de la sociedad. Además, los legisladores deben tomar las decisiones en un ámbito público, transparente y tras una discusión en la que se argumente debidamente. Parece ser que así nos aseguraríamos que la decisión pueda ser mejor o más correcta. Sin embargo, los integrantes del Poder Ejecutivo y los legisladores del oficialismo no piensan de este modo y prefieren que un funcionario como el Jefe de Gabiente en su despacho, tal vez, asesorado por un par de técnicos, tome decisiones presupuestarias reasignandos los fondos previstos en la ley de presupuesto. Es decir que el modelo propuesto es que haya una ley presupuestaria aprobada por el Congreso, pero que luego pueda ser modificada a gusto del Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo, quiere comprar cañones en vez de construir hospitales, puede hacerlo; pese a que nuestros representantes tras una gran discusión habían acordado que lo mejor para el país es que haya nuevos hospitales.
Desde el gobierno se dice que el Congreso conserva la facultad de controlar, como ya la tenía previamente. Todos acordaríamos que como el Congreso debe establecer como gastar el dinero de todos, también debe controlar si esto se cumplió debidamente. Ahora, si el Congreso admite que el Jefe de Gabinete con el dinero de todos puede reasignarlo a otras finalidades, el marco de control se desvanece. Yo puedo controlar a “K” cuando le digo que haga “x conducta”, pero ¿Cómo controlar a “K”, si yo lo autorice a reasignar todo el dinero del presupuesto?
Evidentemente, esta medida demuestra una falta de confianza de los operadores políticos del oficialismo en la democracia. Me parece que no creen que el Congreso sea un lugar en donde se toman buenas decisiones, prefieren sus oscuros y silencioso despachos en vez de la transparente y bulliciosa sesión parlamentaria. Por eso, prefieren que la decisión presupuestaria quede en manos del Poder Ejecutivo con límites y controles mínimos.
Esta visión se condicione con declaraciones y trascendidos en los medios. Los representantes del oficialismo no quieren debatir, no están dispuestos a modificar una coma de los proyectos que quiere el Presidente y consideran gritos a las argumentaciones buenas o malas de la oposición. Y esto es un grave problema. La democracia presupone que yo entro al debate, estoy dispuesto a escuchar a los otros y a cambiar mis opiniones. Si yo creo que tengo la razón, no escucho a los otros y no voy a cambiar jamás mi parecer, el juego democrático pierde sentido transformándose en un mero trámite o, a lo sumo, un show televisivo para algunos pocos espectadores de la vida política nacional.
Sin embargo, hay un dato mucho más preocupante. Pese a que esta práctica del gobierno es conocida por la opinión pública, los sondeos siguen siendo favorables a Néstor Kirchner. Seguramente, los argentinos siguen confiando en que la democracia es el mejor régimen de gobierno, pero a la mayoría parece no causarles escozor un hiperpresidencialismo, en el cual, la deliberación democrática es inexistente o un mero simulacro.