juragentium america latina

Por Leticia Lorenzo

El 6 de Agosto de 2006 se instalará en la ciudad de Sucre, Bolivia, la Asamblea Constituyente que tendrá por finalidad "transformar el Estado boliviano".
Ahora bien, ¿qué cambios traerá la Asamblea Constituyente? En principio, me atrevería a decir que nada claro se ve hacia el futuro. Los partidos y agrupaciones que han participado en la contienda para llegar a Sucre (misma que finalizó el 2 de julio pasado con una victoria importante por parte del partido oficialista pero no suficiente para controlar las decisiones de la Asamblea Constituyente), han basado sus campañas en "guerras sucias" y falsas promesas con relación a las posibilidades de cambio en la constituyente. Se ha prometido "seguridad ciudadana", "trabajo para todos", "mejoras en el ingreso" y un sin fin de afirmaciones más propias de una plataforma de gobierno que de una propuesta de nuevo pacto político.
Adicionalmente a esas promesas poco adecuadas, en su mayoría, para una nueva Constitución, no se le ha dicho a la población cuáles serán las herramientas concretas a establecerse en la nueva Constitución que posibiliten la implementación de tales medidas. Hasta aquí, podría afirmarse que no hay mayores problemas, dado que no se está relatando un proceso demasiado distinto al que se ha vivido en otros países latinoamericanos en los que se ha producido un cambio constitucional. Sin embargo, considero que por respeto a la historia que trajo a Bolivia hasta esta instancia y a la expectativa que la población ha puesto en la Asamblea Constituyente, debería realizarse un mínimo esfuerzo no sólo en sentido de comunicar a la gente los cambios que pretenden realizarse, sino también – y mucho más importante – en sentido de generar una verdadera participación e involucramiento de la población en el proceso que permitan que en un futuro la gente sienta que la nueva Constitución no le es ajena, como sucede en muchos ámbitos y sectores bolivianos con relación a la actual norma fundamental.
En los casos en que se han presentado propuestas de Constitución (que si bien hacen referencia a amplios procesos de consulta han sido elaboradas, en la mayoría de los casos, por un grupo de "expertos" que esperan con posterioridad a la elaboración de las propuestas mismas las "opiniones de la ciudadanía"), por contraposición a palabras tan grandilocuentes como "transformación" "descolonización" "desneoliberalización" y todos los "des" que puedan venir a la cabeza del lector, nos encontramos con esquemas tradicionales, donde las discusiones están dadas, básicamente, en sentido de establecer parlamentarismo o presidencialismo; reelección o no del presidente; unicameralismo o bicameralismo; elección popular de jueces o elección calificada; creación de cuartos poderes destinados al control social a través de instituciones concretas; democracia representativa con algunos elementos de participación (referéndum, iniciativa legislativa, revocatoria de mandatos); etc. En otras palabras: nada nuevo hay bajo el sol.
Si bien las discusiones que se mencionan son absolutamente válidas, considero que son insuficientes luego de tanto tiempo escuchando discursos que, desde diversos sectores, reivindicaban la necesidad de incluir a quienes siempre se han sentido ajenos a la Constitución, mirar hacia nuestra propia realidad y hacia las diversas culturas existentes en Bolivia para lograr un diseño constitucional adecuado al contexto, generar participación activa de las poblaciones excluidas, de los sectores indígenas – cuyo reclamo permanente es en gran medida uno de los artífices esenciales de este momento histórico –, lograr un proceso constituyente en el que todos nos sintamos protagonistas, entre otras tantas banderas que se llevaron a los cielos en los últimos tiempos.
Quizá la cuestión pase por el hecho de que, al haber desembocado todo el proceso de los últimos años – sino décadas – en una cierta "institucionalización" de los movimientos sociales que acompañaron a Evo Morales y hoy se encuentran gestionando las políticas del Estado boliviano y en discusiones mucho más pequeñas y limitadas en su contenido (como por ejemplo la surgida en torno a la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, como si fuera este el instrumento generador de la Asamblea y no todo ese pasado de lucha y movimientos sociales que nos han traído hasta donde hoy estamos), aquel objetivo original de "transformación radical" se ha vuelto mucho más modesto y hoy nos lleva a pensar sólo en un pequeño "maquillaje" a la actual estructura estatal con, quizá, dos incorporaciones de carácter sustancial:

1. El régimen de autonomías impulsado desde el oriente boliviano, que ha sido generado por un sector profundamente conservador de la sociedad oriental pero ha sabido impregnarse en una gran mayoría de la población, a mi entender, por la falta de claridad en el discurso opositor a esa forma de autonomía que supiera mostrar con verdades evidentes – y no con retórica o discursos casi mentirosos – que esa propuesta impulsada desde el oriente sólo busca generar una nueva forma de centralismo, concentrado esta vez en las capitales de departamento y no en La Paz;
2. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de una forma más efectiva que el actual artículo 1 de la Constitución Política del Estado que declara la "plurietnia" y "multiculturalidad" boliviana pero que (casi) nunca ha podido llevarse a prácticas concretas, con el riesgo también de que la demagogia lleven a este reconocimiento a generar "reservas" o ghettos destinados a los indígenas de este país.

En definitiva, la Asamblea Constituyente en Bolivia genera, en el momento actual, grandes incertidumbres, que se traducen para el Movimiento al Socialismo (por ser el partido en el gobierno, por el proceso que ha llevado a esta situación y por los sectores que hacen parte de dicho Movimiento) en un gran desafío histórico: transformar verdaderamente este país generando un pacto social que posibilite la inclusión de todos los sectores históricamente olvidados.